Sancionan a conductor de TV por frase que atenta contra derechos de las mujeres

El pasado 13 de abril de 2016 en su serie La agenda de Romano, el editorialista Sergio Romano Muñoz opinó sobre el caso de una maestra despedida de su trabajo por haber sido protagonista de un concurso de baile en su periodo vacacional, el cual se grabó en video y se reprodujo en internet masivamente.

El comunicador expresó que él no sólo la corría, sino que la mandaría matar, lo cual fue sancionado con su separación de espacios de comunicación electrónica tanto de la empresa paraestatal Telemax, como por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión (STIRT), el cual le retiró la anuencia.

Ver video: https://flic.kr/p/FWhE61

Varias organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos presentaron el viernes 15 de abril un oficio dirigido a la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a la directora del Insituto Sonorense de la Mujer, al director general de la televisora Telemax, así como al propio autor del editorial, en el cual se les pide explicaciones de acuerdo al cargo y responsabilidad de cada uno en los contenidos de la televisora estatal Telemax, misma que está bajo la jurisdicción de la Secretaría de Educación y Cultura.

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El viernes 15 de abril la televisora Telemax dio a conocer un comunicado deslindándose de los comentarios de Sergio Romano, argumentando que era una opinión personal, mismo que se puede ver en la siguiente liga:

El propio Sergio Romano, publicó una disculpa, misma que retiró unos minutos después, dando paso a una disculpa en video, en la plataforma de Youtube. Además cerró su cuenta de twitter.

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El día sábado 16 de abril las organizaciones ofrecieron una rueda de prensa sobre el tema, y posteriormente tanto la televisora Telemax, como el STIRT tomaron las referidas decisiones, mismas que dieron a conocer con boletines oficiales.

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Alba Luz Rascón, Silvia Núñez Esquer, Patricia Alonso

Boletín STIRT Boletín TelemaxLas organizaciones continuarán dando seguimiento a la política pública de las autoridades correspondientes en relación a los contenidos de los medios de Estado, con el fin de vigilar que la legislación sea observada de la mejor manera.